Gerencia Social

FONDO DE ADELANTO SOCIAL. ALGUNAS IDEAS

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El 5 de enero de 2017 mediante Decreto Legislativo N° 1334 se crea el Fondo de Adelanto Social (FAS). Tal como ha sido planteado tiene varios objetivos detrás, cerrar brechas sociales en las zonas de implementación de nuevos proyectos de la industria extractiva, por lo tanto también promover la inversión privada del sector (según la SNMPE hay una cartera de hasta 50,000 millones de dólares) y de manera complementaria la inversión social. Dado que el foco de atención o eje de trabajo será la inversión en materia de agua y saneamiento; ambiente; transportes y comunicaciones; de electrificación rural; agricultura y riego, un objetivo adicional será  facilitar la aprobación y/o destrabar una serie de proyectos de inversión pública vinculados “a las zonas prioritarias”.

Los recursos del Fondo provendrán tanto del sector público como privado, nacional o extranjero, así como de transferencias financieras de los distintos pliegos presupuestales. Para ello se conformará un Consejo Directivo y una Secretaría Técnica a cargo de su ejecución.

Si bien quedan aún algunas semanas para que se reglamente el DL, hay algunas ideas que podemos ir señalando, en estricto se trataría de adelanto social solo cuando los recursos provienen del sector privado, y de manera específica de las empresas a cargo de los nuevos proyectos mineros o de hidrocarburos. Y en este caso no queda claro todavía a cuenta de qué es ese adelanto de fondos, a cuenta de utilidades futuras?, de impuestos?, de los fondos de responsabilidad social?, de los proyectos que forman parte de su compromiso con las comunidades según el EIA aprobado?.

Tampoco queda claro quién implementará el fondo, es decir quien manejará la chequera, igualmente no se sabe quién decidirá y cómo los proyectos (obras) que se deben implementar y cuando. Hace algunos años se implementó el Fondo de Solidaridad con el Pueblo o Aporte Voluntario Minero, dicho fondo que provenía completamente de las utilidades extraordinarias que tenían las empresas mineras tenía la chequera en manos de las empresas y la responsabilidad de su ejecución a cargo de los gobiernos locales y regionales, la decisión de los proyectos era de un Comité mixto entre miembros del gobierno local/regional y de la empresa que tenía la mayoría. Este fondo salvo en las empresas más grandes no cumplió en dar el dinero comprometido, y aun en los mejores casos en donde mayores índices de ejecución se dieron se desconoce si se logró el impacto esperado, nunca hubo una evaluación al respecto.

A  luz de lo acontecido en experiencias recientes, debe ser evaluado con mucho tino a quienes se les da la responsabilidad del manejo técnico del FAS. Los gobiernos locales no cuentan con la capacidad técnica, liderazgo y (a veces) legitimidad para ello; por otro lado el sector privado claramente prefiere dar el dinero y desentenderse de la responsabilidad que no es solo manejar y supervisar obras sino de ser un elemento clave en el desarrollo de las zonas de implementación de los proyectos. Entes autónomos?, mix público-privados?. Una variable a tomar en cuenta es que la población local va a querer y con derecho a ser parte de quienes tomen las decisiones. La posibilidad de que este shock de recursos reduzca la conflictividad social no depende únicamente de los  montos en juego sino de la transparencia del proceso y de los resultados que se obtengan.

El otro elemento que debe ser parte de un análisis fino es la manera en que se decide en qué se va a utilizar el FAS. Y de lo que se  trata es de aprovechar todos esos recursos para financiar parte del desarrollo del área de influencia del proyecto, por lo que el punto de partida debería ser contar con un Plan de Desarrollo Concertado (PDC) de dicha zona, no del distrito, sino de las comunidades involucradas, y según el caso debería haber un Plan para cada una de ellas. Ello requerirá que el fondo permita financiar no solo obras de infraestructura sino también proyectos para la generación de empleo e ingresos y de fortalecimiento de capacidades. El PDC será el elemento rector para contar con una  manera objetiva de decidir en qué, cómo, cuánto y cuándo se utilizarán los recursos del fondo. Es claro que dicho Plan de Desarrollo deberá ser además monitoreado y evaluado de manera participativa entre los actores involucrados. Temas que el reglamento debería contemplar.

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RELACIONES COMUNITARIAS, NEGOCIACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES

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Hace nueve años escribí un artículo acerca de las relaciones comunitarias de las empresas de la industria extractiva y del rol de quien en esos momentos empezaba a tener protagonismo en el escenario como era el Relacionista comunitario (RC). Terminaba el artículo diciendo lo siguiente: “Un viraje de las empresas hacia una política social preventiva e inclusiva, con visión de largo plazo les sería mucho más rentable y sostenible social y económicamente que la política cortoplacista y reactiva frente a las presiones por hechos consumados. En este nuevo marco los R.C deben convertirse en los facilitadores del proceso de desarrollo, con una actitud de socio de las comunidades y no de ejecutivos de cuentas” (http://wp.me/p2ZUh-l).

Si hacemos un balance de lo ocurrido en todo este tiempo podemos decir que muy poco ha cambiado en cuanto a la necesidad de los roles de la empresa y de los Relacionistas comunitarios, y lo mismo sucede con el accionar real (no el discurso para la tribuna) de las empresas respecto a su relación con las comunidades, más aún los conflictos han sido el pan de cada día y muchos proyectos se han quemado en la puerta del horno, y algunos otros se quedaron solo en masa.

Puede discutirse las razones de los conflictos, si fue por oposición de las comunidades o agitadores políticos que aprovechaban la coyuntura, o si fue por las propias políticas y decisiones de las empresas o un poco de todas las anteriores. Lo cierto es que los conflictos están presentes y por momentos pareciera que no hay forma de manejarlos.

En la última década y cada vez con mayor fuerza ha tenido  predominancia la estrategia del Estado de las Mesas de Diálogo, Mesas de Desarrollo o cómo se les quiera llamar, que no es sino una estrategia para apagar incendios, y que como en todo incendio hay pérdidas, pero que no van a la causa del problema sino a las consecuencias, por lo que las cenizas se vuelven a encender en cualquier momento así sea por un viento leve. En este contexto los Relacionistas comunitarios dejaron de tener la importancia que deberían para dar paso a un nuevo actor, el negociador, perdiéndose así la oportunidad del trabajo de prevención y desarrollo de largo plazo de la comunidad para volver a temas de coyuntura del muy corto plazo, el incendio.

El nuevo protagonista (cara visible de la estrategia) ha dado lugar a toda una oferta de programas de capacitación en Manejo y resolución de Conflictos, los hay de todo tipo, desde las charlas de 50 soles hasta los diplomados de 8000 soles, todos vendiendo la receta mágica de cómo negociar en un conflicto, negociación durante una crisis, formas y tipos de negociación, hasta la sofisticación de la ubicación en la mesa (de diálogo), la forma de mirar, de hablar, de vestirse, qué decir, qué no decir, etc. Se entiende que quienes promueven estos cursos solo están aprovechando una oportunidad de negocios a partir de una estrategia errónea que viene desde el propio Estado (PCM, MINEM), y que a la luz de los resultados no ha funcionado, o lo ha hecho de menara relativa y no sostenible.

Ahora el escenario mantiene a Relacionistas comunitarios y a los “expertos” en negociación junto a las mesas de diálogo. No negamos la necesidad de que se tengan expertos en negociación cuando ello se requiera, lo que cuestionamos es que se mantenga en el centro de la estrategia a la negociación, es decir un instrumento válido para cualquier etapa pero instrumento al fin. La existencia de la Oficina Nacional de Diálogo es la prueba viviente de lo que decimos, con ello la PCM tiene todo el manejo y oficinas sectoriales como la de Gestión Social del MINEM fueron reducidas a su mínima expresión con funcionarios a cargo, además, sin mayor inquietud, motivación, preparación ni liderazgo (no se necesita mucho dado su rol en esta nueva división del trabajo).

Pedimos que se tome el camino del desarrollo de las comunidades, el del trabajo conjunto como socios estratégicos entre la empresa y las comunidades, que el Relacionista comunitario sea el eje articulador en este esfuerzo y que las mesas de diálogo dejen su lugar a Equipos de trabajo tripartito pro desarrollo incluyendo al Estado. Los temas de discusión deben dejar de ser los conflictos (lo que divide) y más bien los objetivos de desarrollo de la comunidad, la elaboración de sus planes de desarrollo y la manera en que se deben y pueden implementar incluyendo su financiamiento (lo que une).

El Estado (el Gobierno) debe implementar, en consulta con los actores involucrados, toda la estructura normativa para que en poco tiempo las comunidades tengan su Plan de Desarrollo, pero no un documento para guardarlo en un gabinete, sino un instrumento que implique un compromiso vinculante entre la empresa, las comunidades y el Estado, documento en donde quede claro los roles y funciones de cada uno, los objetivos, metas y acciones a desarrollar, quién lo va a implementar, cómo se va a financiar, el rol participativo de los stakeholders en las diversas fases incluyendo el monitoreo y la evaluación, entro otros aspectos. La Oficina Nacional de Diálogo debe convertirse en un Sistema Nacional para el Desarrollo de las Comunidades. Las empresas deben también modificar sus estructuras internas para incluir Gerencias de Desarrollo Local, con la misma visión de socios estratégicos y de largo plazo. Las comunidades, con sus legítimos representantes, deben adecuarse también a ello asegurando que se preserven sus costumbres y no se afecte su hábitat, tarea de todos.

¿Se puede hacer un esfuerzo en este sentido?, claro que se puede, pero requiere de voluntad política de todos los protagonistas para desmontar lo que no funciona y construir lo que se requiere.

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Algunos lineamientos para las PYME en el Perú 2016-2021

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Finalizada la campaña electoral, burda y dura, y con un presidente a cuestas es momento de entrar de lleno a las propuestas, a las promesas y a lo que conviene al país. En este caso me centraré en un sector casi olvidado en el Perú, que no ocupa muchas líneas y ningún editorial en las campañas salvo algunas promesas generales.

La campaña tuvo, si alguno hubo, como eje de discusión para el sector el IGV, entre rebajarlo gradualmente o eliminarlo temporalmente. No se dijo más, no se entró en mayores detalles, es más la rebaja del IGV era en general y no exclusivamente para las  PYMES. Más débil aun.

Para plantear propuestas se necesita información, y en el sector de la pequeña y micro empresa más allá de tenerse una idea gruesa de cuantos trabajadores absorbe y de cuanto representa en el PBI y la PEA no se conoce más. En ese afán venimos desde hace un tiempo, y con los escasos recursos con que contamos, construyendo y acopiando información de ratios económicos y financieros de estas empresas, el objetivo es doble, por un lado conocer a fondo el sector y por otro lado diseñar instrumentos de gestión empresarial que les permita tomar decisiones oportunas con miras a un mayor y mejor crecimiento y desarrollo.

Hacerlo no ha sido, ni es, fácil, no solo por la falta de recursos para ello, sino también porque no hay una cultura en las pequeñas y micro empresas para invertir y/o utilizar este tipo de herramientas económico-financieras como sí la hay en las medianas o grandes, y porque la información de su funcionamiento dual formal/informal muchas veces había que construirla desde cero, además de la obvia desconfianza para dar información a terceros. Es un reto en el que insistiremos tercamente, asimismo y como una externalidad positiva tenemos que las empresas que finalmente aceptan brindar sus datos para construir los indicadores y ratios tienen en el proceso una mejora cualitativa de su propio manejo interno, ya que de alguna manera se obligan a ordenar y sincerar su información de los tres últimos años (es lo que se les pide) y al ver que les es útil lo repetirán en el futuro, en algún momento lo tenían que hacer y esta ocasión fue un buen pretexto.

Las cifras que presentaremos, por obvias razones, no son una muestra representativa de las PYMES en el país ni en Lima, pero sí muestran de alguna manera lo que viene aconteciendo en la realidad, en todo caso es lo más cercano a esta. Y es a partir de las mismas que haremos algunas sugerencias.

Para empezar son empresas que si bien cuentan con un ratio de liquidez corriente de 1.4 y de 0.94 de prueba ácida, terminan con una razón de caja, es decir cash para cubrir su pasivo corriente de tan solo 0.2, esto es, solo un quinto de sus deudas de corto plazo podrían ser cubiertas con el dinero que cuentan en caja o bancos, lo cual los hace vulnerables frente a cualquier eventualidad.

La rentabilidad en el sector a partir del Margen Neto es en promedio de 6.5%, bastante lejos a cualquier tasa de interés para préstamos bancarios, de ahí que no sean un sector que utilice con frecuencia la intermediación financiera para sus objetivos, salvo emergencias y cuando los requisitos que se les exigen lo permiten. La rentabilidad es además solo ligeramente mayor a la tasa de interés de ahorro o a algún costo de oportunidad alternativo, es decir que el esfuerzo que despliegan a diario muchas veces no compensa la ganancia, ya que podrían poner ese dinero en un banco y tener una rentabilidad similar. Una política de apoyo a las PYMES debe estar dirigida a incrementar ese margen de ganancia.

Relacionado a los puntos anteriores tenemos que la estructura de capital muestra con un promedio de 1.1 que los Pasivos son ligeramente superiores a su Patrimonio Neto, consecuentemente no son solventes en el largo plazo, aun cuando la cobertura de intereses sea de 3.8, es decir su Utilidad Operativa (EBIT) cubre casi cuatro veces los intereses de préstamos, ello debido al poco uso de instrumentos financieros. La deuda de estas empresas es con acreedores de otro tipo, ya sea proveedores o por préstamos fuera del sistema bancario, lo paradójico de esto último es que este tipo de créditos se da a tasas mayores a las formales, pero de más rápido acceso y sin mayores trámites. Quedan notificados los bancos, que también tienen su parte que hacer.

Un dato interesante es que la productividad laboral a partir del total de ventas con respecto a los salarios es en promedio de 19 similar a los de empresas más grandes. En otras palabras, los salarios representan alrededor del 5% del total de ventas. Y ello puede entenderse como que los salarios son muy bajos y/o que (a pesar de ello) los trabajadores son muy productivos. La baja productividad y rentabilidad de las PYMES no se encuentra claramente en los trabajadores ni en los “altos costos” laborales como suelen mencionar los “entendidos”, sino a una inadecuada o inexistente política de compras, junto a una política de préstamos alternativa y usurera, a la que se debe añadir una exagerada (por decir lo menos) política de gastos administrativos que va mucho más allá de lo estrictamente concerniente a las actividades de la empresa e incluyen lo familiar, de ahí que los costos de ventas sean entre el 70% y 80% del total de ventas, y que ello más los costos fijos absorban casi toda la utilidad, no quedando por ello renta a la cual gravar, lo cual es parte de todo este sistema dual y pernicioso que venimos explicando.

Un dato que complementa lo anterior es el del promedio de días por cobrar, aquí las empresas más pequeñas y de menores ventas tienen un promedio de cobro de casi 10 días a pesar de que no venden al crédito, y las más grandes y de mayores ventas están en un rango de entre 20 y 30 días para cobrar, reducir ese plazo es una necesidad pero ello depende más de sus clientes, las medianas y grandes empresas que tiene un mayor poder de negociación.

A partir de lo señalado, que no es sino un extracto ordenado de la información obtenida, podemos mencionar lo siguiente:

Si lo que se quiere es dar un impulso al sector de las PYMES, políticas tributarias como la rebaja general del IGV o incluso del Impuesto a la renta tendrán un efecto solo para la parte formal de las empresas que no es necesariamente la mayor ni al interior de las mismas ni como colectivo, la venta con factura es un porcentaje menor. Tendría más efecto que el IGV a las compras de las PYMES sea el que se reduzca o se elimine temporalmente, ello quizás no tenga un efecto en la disminución del precio unitario de venta pero si en su margen de ganancia y con ello mayores posibilidades de acceso al crédito, a la generación de utilidades netas y al pago de impuestos, por tanto a ser cada vez más formales. Reducir IR sin incrementar utilidades tendría poco o ningún efecto.

Ser formales en las PYMES y en cualquier otro sector no pasa por leyes draconianas, sino en convencerlos que el ser formal es mejor a no serlo. Si junto a las compras con menor (o sin) IGV que puedan hacer estas empresas se tienen tasas de interés que les sea económicamente rentable el panorama mejora aún más, siempre y cuando sean empresas formales que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, si no lo son no tendrían esos beneficios.

Junto a lo anterior, es claro que la productividad de la empresa debe mejorar también por medio de una mejor gerencia, los trabajadores a pesar de las bajas remuneraciones hacen su parte, pero la administración requiere de mayores elementos técnicos para un manejo eficaz y eficiente de sus recursos, ello requiere de asistencia técnica en gestión empresarial, educación financiera, de contar con estudios económico financieros, marketing y planificación estratégica, que aprendan a planificar y que el actuar según amanece el día deje de ser su eje estratégico. Motivar a los trabajadores con capacitación técnico-productiva, mejores remuneraciones, beneficios sociales, política de ascensos y premios ayudarán en el objetivo, y se puede hacer en la medida que las políticas planteadas se realicen de manera integral y como un paquete, no de manera aislada.

Finalmente, el Estado tiene un rol en todo este proceso de crecimiento y desarrollo de las PYMES, liderando y planteando los lineamientos, normas y directivas del caso, el sector privado (parte de la cadena de valor) también tiene su rol así como los bancos. Esperemos que la promesa electoral sea cumplida y no se reduzca a mover o quitar el IGV sino a promover decididamente un sector tan importante como olvidado en el país.

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Las PYME en el Perú: Avances y perspectivas

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Desde hace varios años es claro que las PYME tienen un rol importante en la economía nacional. Cifras más o cifras menos refieren entre un 47 y 49% del PBI y más del 80% del empleo del país. Sin embargo, su baja productividad, su situación límite entre lo formal e informal, su escaso nivel de organización y de capacitación tiene a este sector en una situación de estancamiento que no le permite acceder a mayores y mejores mercados, brindar mejores productos, tener mejores condiciones laborales, obtener mayores márgenes de ganancia y permanecer en el tiempo.

La Ciencia Económica y los economistas han hecho muy pocos aportes para la mejora de las PYME, quienes más cerca han estado y están son los Contadores, que por un tema eminentemente práctico para las empresas (pagar menos impuestos) son sus aliados estratégicos[1].

El día a día es un lugar común en las PYME, pensar en el largo plazo no está en su ADN, por lo que planificar para un crecimiento y desarrollo sostenible y sostenido es algo que no se entiende. Determinar el tamaño óptimo de la empresa, maximizar beneficios y que sus recursos (monetarios, humanos y activos) rindan la mayor utilidad posible son aspectos fuera de su órbita de trabajo. Vender más es su norte, lo cual no necesariamente significa ganar más, si no se es cada vez más competitivo y se mejora permanentemente en la productividad.

El pragmatismo y la experiencia en el rubro que tienen el empresario y el trabajador PYME es bueno pero tiene sus limitaciones, es importante además contar con acceso a financiamiento justo, con un sistema tributario con equidad y con capacitación técnica y productiva sistemática, a fin de elevar el nivel de los empresarios, de los trabajadores y de las empresas, haciéndolas fuertes y con mejores condiciones para insertarse, competir y permanecer en el mercado interno y externo.

Investigación y desarrollo y Capacitación es el camino que proponemos, los empresarios deben empezar a entender que sus posibilidades de crecimiento y desarrollo tienen en la actualidad una restricción no solo en cuanto a la desaceleración económica local y/o global,  sino también por la no utilización de las herramientas técnicas que les permitan tomar decisiones gerenciales oportunas en base a evidencia empírica, y en ello los economistas, la academia y las universidades debemos y tenemos que actuar, sin prisa pero sin pausa, de a poco pero de manera segura.

El punto de partida, que dicho sea de paso ya iniciamos con algunas pocas PYME de avanzada, es contar con un Estudio (Diagnóstico) económico-financiero, de tal forma que el empresario sepa entre otras cosas cuan rentable es el producto de su esfuerzo, cuan solvente es su empresa y cuan productivos sus trabajadores y sus activos, conocer ello les permitirá plantear una hoja de ruta a fin de mejorar lo que se requiera, reforzar lo que sea necesario y cambiar lo que no está bien. Hay que atreverse a dar el primer paso y a confiar en inversión en conocimiento e información, en el mundo actual es de necesidad vital. Si hay interés desde el sector privado, sociedad civil y/o del Estado en apoyar esta cruzada nos tendrán como aliados.

[1]  Para el caso de quienes cuentan con algún registro contable, que en la micro empresa sería alrededor del 20%.

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Conflictos Sociales en el Perú: Una mirada a los Planes de Gobierno

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La publicación en línea de los 19 planes de gobierno es útil para los que se dan el trabajo de leerlos, analizarlos y hacer comparaciones que permitan realizar un voto informado. Sin embargo, considerando que son muy pocos quienes lo hacen me tomé la molestia de hacer la tarea por ellos aunque claro está en un tema puntual Los Conflictos Sociales, espero que otras personas hagan algo parecido en los demás temas.

Lo primero que habría que decir es que resulta inaudito que a estas alturas no exista un formato único para la presentación de los Planes de Gobierno, cada partido presenta la estructura que quiere, de la forma que quiere, los temas que quiere, con índice o sin índice, etc., de tal forma que se complica la tarea de encontrar las propuestas en los temas que se buscan, esperemos que ello se resuelva para las elecciones siguientes, es algo muy sencillo.

Entrando en materia, no todos los planes tienen propuestas explícitas al tema de los conflictos sociales, algunos sí lo tienen, otros solo bordean la problemática y algunos lanzan frases generales válidas para todo.

Lo primero que llama la atención es la extrema coincidencia entre Fuerza Popular de Keiko y PPK (¿mismos asesores?), ambos plantean desde el Estado la creación del Sistema Nacional de Prevención de Conflictos, que consiste en fortalecer y ampliar las competencias de la actual Oficina Nacional de  Diálogo y Sostenibilidad. En ese sentido la propuesta de PPK está más desarrollada y detallada (Seguimiento del Estado de las grandes inversiones, Implementación adelantada de la inversión social en infraestructura, Acción coordinada y multisectorial, Alerta temprana de causales de conflicto, Acción firme del Estado contra los responsables de los desórdenes públicos). Keiko plantea adicionalmente  al Sistema en mención la necesidad de fortalecer la gestión y el rol de los organismos de fiscalización ambiental e implementar los mecanismos de consulta previa, no mencionados explícitamente en la propuesta de PPK, así como “el establecer un marco normativo que posibilite a las empresas extractivas ofrecer a las comunidades alternativas de participación en el accionariado de la empresa, así como, la conformación de núcleos ejecutores para la adquisición de bienes y servicios a favor de la comunidad”. Acuña de Alianza para el Progreso plantea un diálogo permanente de gestión preventiva pero no menciona en qué forma se traducirá. En cuanto al diálogo la Alianza Popular de García – Lourdes propone que sean los Consejos de Cuenca el espacio de debate político para la aprobación de las obras de alcance nacional, dentro del marco de una efectiva descentralización, asimismo plantean una reorientación del uso del canon y la constitución de fondos de fideicomiso regionales para infraestructura que permitan el uso de recursos a cuenta de ingresos futuros, similar a lo que propone PPK pero de una manera menos articulada. El Partido Nacionalista menciona la importancia de creación de confianza y convivencia armoniosa entre la población y el sector empresarial (tarea difícil para quienes justamente generaron lo contrario), proponen reforzar la Defensoría del Pueblo e igualmente (como PPK y Keiko) la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, aun cuando no dan detalles al respecto. Dentro de este grupo de partidos que encajarían dentro de lo que se denomina de derecha en sus variantes liberales y conservadoras están Perú Nación de Pancho Diez-Canseco que prefiere soslayar el tema señalando generalidades como Promover adecuados mecanismos de consulta a la población (¿qué debemos entender por adecuados?) y  Respetar de manera irrestricta las propiedades de las comunidades campesinas (entendemos que las individuales y colectivas). Finalmente en este grupo se encuentra el Partido Orden de Antero Flores-Araoz quien plantea un trabajo conjunto y coordinado del sector público y privado con un incremento sustantivo de la inversión pública en salud y educación como métodos persuasivos junto a un nuevo direccionamiento en las utilidades de las empresas mineras […] para asegurar a la población minera una correcta participación económica de la actividad minera que se realiza en su territorio. “Pero si a pesar de estas maniobras preventivas ocurre, como suele suceder, que algunos obstinados intenten realizar reclamos violentos, la sociedad debe estar preparada para defenderse. La policía nacional debe estar entrenada y dispuesta para la acción con equipos, instalaciones y efectivos debidamente entrenados para hacer prevalecer la ley y el orden, habiendo realizado previamente una acción de inteligencia para determinar a las posibles personas opuestas al proyecto y conocer sus razones; Estas actividades deben ser lideradas por el Estado y apoyadas por el sector privado empresarial”. , bastante claro el orden que plantea Orden.

En un segundo grupo que a priori se podría denominar de centro, Perú Posible plantea la inversión  directa de parte de las empresas en las comunidades de origen del recurso natural sin intermediarios de los gobiernos subnacionales (¿y sin al menos coordinación con ellos?), el mecanismo planteado es el de conformación de comisiones de trabajo con participación de la comunidad y mineros para diseñar planes de desarrollo, con incentivos, régimen tributario especial y plazos razonables en lugares con alta incidencia de minería informal y artesanal. Por su parte Acción Popular de Alfredo Barnechea plantea utilizar el Acuerdo Nacional para iniciar un diálogo para construir una visión compartida de la actividad extractiva, dicho diálogo tiene que realizarse entre los principales actores: Autoridades, ONGs, Comunidades Campesinas y empresas (con la velocidad de instituciones como el Acuerdo Nacional, diríamos, ¿Y mientras tanto qué?). En el caso de Todos por el Perú de Julio Guzmán la propuesta central es que “se debe facilitar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil organizada para contar con planes de desarrollo para las zonas de influencia de los principales proyectos. De esta manera el Estado debe ser el actor clave que articula el desarrollo de los proyectos mineros con el desarrollo de las zonas de influencia”. Guzmán al igual que Toledo apuestan correctamente por los Planes de Desarrollo en las Comunidades, que es un paso previo a cualquier obra o proyecto de inversión que se quiera realizar en dichos lugares, sin embargo Toledo plantea una coordinación directa empresa-comunidades con el Estado como apoyo en incentivos tributarios, mientras que Guzmán plantea más bien una coordinación entre el Estado y las comunidades en el proceso de desarrollo local y las empresas dedicadas a la gestión de sus proyectos extractivos pero con mayores estándares ambientales y sociales. El caso del Partido Humanista y el de Solidaridad Nacional es particular ya que el candidato de este último fue pre candidato del primero semanas atrás, de ahí que las propuestas sean las mismas: Reforma constitucional para reconocer la propiedad del subsuelo a las personas o colectividades propietarias de la superficie en zonas de recursos no renovables probables, Ley de gestión compartida Municipios – Sociedad Civil Organizada de los recursos del canon obtenidos por los territorios locales donde se asienta el recurso no renovable, y monitoreo comunitario de impactos ambientales y control difuso de sus efectos, a lo que agrega la propuesta de Yehude Simon de la creación de Fondos de Resarcimiento Anticipado de Daños Ambientales en proyectos extractivos. Lo nuevo de estas propuestas últimas es lo de la propiedad del subsuelo y mencionar explícitamente la necesidad del monitoreo comunitario. El Frente Esperanza de Fernando Olivera solo menciona que “La viabilidad de los grandes proyectos mineros en espera y los que se presenten en el futuro deben llevarse adelante bajo otros criterios de comunicación por parte del Estado, las empresas mineras, la población local, los medios de comunicación, la Iglesia y las universidades”, la pregunta es, ¿a qué se refiere con otros criterios?. Felipe Castillo de Siempre Unidos cae en generalidades de que los proyectos mineros deben contar con el consenso de las poblaciones aledañas y que se garantice un impacto ambiental positivo, así como una reformulación del Canon garantizando una distribución equitativa. Miguel Hilario de Progresando Perú también está en la  lógica de la distribución del Canon a nivel de comunidades (con criterios de proporcionalidad según población y reservas probadas) pero destinados a proyectos de inversión pública de desarrollo social, asimismo plantea cambios legislativos para que las comunidades sean accionistas en inversiones mineras, algo que también propone el Partido Orden y Fuerza Popular.

Un tercer bloque es el que puede denominarse como de las fuerzas políticas de izquierda, aquí las propuestas en relación con los conflictos sociales pasan por frases generales como la “Promoción de la participación concertada” (Democracia Directa de Gregorio Santos) y la “Autonomía real de las regiones” (Perú Libertario de Vladimir Cerrón). En el caso del Frente Amplio (Verónica Mendoza) la incidencia se da completamente por las exigencias a las empresas en el cumplimiento de un desempeño ambiental con altos índices de calidad, que las concesiones y autorizaciones de proyectos cuenten  con ZEE, EAE y Gestión de riesgos, cumplimiento de los tratados y convenios internacionales suscritos por el Perú en materia ambiental, así como una sensibilización a la ciudadanía en la vigilancia y fiscalización de la implementación de estos compromisos; el Estado cumpliendo un rol de vigilancia y fiscalización.

A manera de resumen, con las limitaciones que un análisis parcial tiene, y a partir de las propuestas presentadas se puede decir que en los próximos cinco años el gobierno debe generar una institucionalidad fuerte que marque la pauta y los lineamientos en cuanto al desarrollo local de las comunidades con proyectos de la industria extractiva, y si bien el rol del Estado (debidamente coordinado en sus tres niveles) es el de liderar el proceso debe ser en estrecha coordinación con las comunidades y el sector privado asentado en la zona (sugiero una Política Nacional de Desarrollo de las comunidades). El sector privado no puede ser un convidado de piedra en el desarrollo de su área de influencia, y no basta con cumplir (aprobar con 11) las exigencias en materia ambiental y social para el desarrollo de sus proyectos (lección aprendida con Conga), sino que ahora deberá involucrarse activamente en el proceso a través del apoyo en el diseño e implementación de los planes de desarrollo de las comunidades (sugerencia: Una política e institucionalidad para la inversión social pública y privada). Junto a ello está la necesidad de revisar exhaustiva y de manera crítica toda la legislación y exigencias en materia social y ambiental que deben cumplir las empresas para obtener la autorización a explorar y explotar, con el fortalecimiento de las instancias competentes, ya que no solo se trata de quién evalúa y quién aprueba sino qué se evalúa y qué se aprueba, aquí se podrían incluir el estudio técnico de que las comunidades tengan participación en las acciones de la empresa, el de la propiedad del subsuelo, y el de la reestructuración del Canon. Finalmente, las coordinaciones estrechas entre Estado-Sector privado-Comunidades no estarían completas sin la existencia del rol de vigilancia social o monitoreo comunitario que complemente el monitoreo técnico de las empresas y el del propio Estado. Harto trabajo.

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