El propósito de este artículo no es mostrar las bondades y ventajas que un proyecto minero de la envergadura de CONGA puede traer al país en términos económicos y de mejora en las condiciones de vida de la población de su área de influencia. Lo que pretendemos es dar algunas salidas al problema suscitado acerca de su puesta en marcha o no.
Es necesario decir que el Proyecto Minero CONGA cumplió con todo lo que las leyes peruanas exigían en materia ambiental y social, traducido finalmente en la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En ese sentido no tendría porque revisarse o reevaluarse el EIA que presentó y se aprobó, salvo que se hubiera detectado alguna irregularidad en el proceso, lo cual considero no es el caso.
Los más duros críticos de CONGA, que curiosamente han aparecido después de su aprobación, cuestionan no solo el hecho de determinados aspectos ambientales, sociales y económicos vinculados al agua, que podrían -por qué no- mejorarse, sino el hecho mismo de la actividad minera en Cajamarca, que ya son palabras mayores y que han sido respondidas por el propio presidente de la República con un CONGA SI VA.
Siendo objetivos debemos señalar que un proyecto vaya o no vaya no depende del estado de ánimo ni del presidente ni de algunos activistas anti mineros, sino de la viabilidad técnica y económica del proyecto, del cumplimiento de la normatividad vigente y de la licencia social que le da la población asentada en el área de influencia. Todo lo cual se resume y traduce en la elaboración y aprobación del EIA, que es donde a mi juicio está el centro del problema (una de cuyas manifestaciones es el actual conflicto social) no solo para CONGA sino para todos los demás proyectos mineros y de la industria extractiva que se vienen.
El gobierno entendiendo solo a medias la figura lo que está algo discutiendo y algo haciendo es pasar la pelota de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM al Organismo de evaluación y fiscalización ambiental del MINAM (OEFA) para que haga una re evaluación del EIA de CONGA, hay incluso una mesa de diálogo cuyo objetivo de la parte estatal es que acepten esa revisión. Y eso no es sino que un mismo examen sea revisados por dos profesores, uno podrá eventualmente ser más exigente que otro pero las preguntas son las mismas. Y justamente de lo que se trata es de mejorar significativamente ese cuestionario. En otras palabras, más allá de la discusión interna en el gobierno de quién debe evaluar los EIA, la discusión técnica pasa por el qué se debe evaluar, y sobre eso que habría mucho que decir no se pronuncian las autoridades respectivas.
La importancia de replantear lo que el Estado peruano exige a las empresas en los EIA tanto en lo ambiental como, muy especialmente, en lo social (incluyendo la puesta en práctica de la reciente Ley de consulta previa) es lo que debería ser materia de análisis y puesta sobre la mesa, ya que de ello dependerá qué proyectos van o no van. Por lo demás, la discusión actual en la mesa de diálogo al enfocar mal el problema es solo tribuna para ambos bandos y ocasión para medir fuerzas pero de manera improductiva y en el mejor de los casos con soluciones coyunturales.
Si revisamos los EIA, específicamente en los aspectos sociales, notaremos que los estudios elaborados (salvo honrosas excepciones) son bastante pobres técnicamente, carentes de una metodología sólida, con poco o ningún análisis y hecho con mucha ligereza, y ello obedece a que este documento se elabora realmente solo por cumplir con la Ley, que en este caso al ser bastante general, no muy clara y poco exigente, es “aprovechado” por quienes elaboran estos estudios que terminan además siendo aprobados en casi todos los casos. Y en esto último sí tiene que ver quién evalúa, pero no tanto por el tema institucional sino por las competencias técnicas que poseen (o no poseen) los evaluadores, que dicho sea de paso debe ser reforzada.
La propuesta que hacemos concretamente para CONGA es que en primer lugar el gobierno nombre una comisión de expertos para replantear las exigencias ambientales y sociales que debe tener un proyecto de explotación de la gran minería incluyendo el rol y participación de la población beneficiaria, traducido en el EIA. Definido ello, establecer, bajo este nuevo esquema, qué le falta a CONGA complementar en lo ambiental y social para su aprobación, de tal forma que ésta dependa de aspectos objetivos. Por la envergadura de la inversión no creo que la empresa se niegue a ello, aun cuando legalmente podría hacerlo, y esperemos que el Estado tampoco.
