Mucha tinta está fluyendo sobre el tema de las sobreganancias mineras. De manera general, se pueden disgregar las opiniones vertidas en dos grupos: los que señalan que no se debe dar y aquellos que consideran que es imprescindible. Lo paradójico es que en ambos casos acuden al argumento de que ello (el que se dé o no) es por el bien del país, del crecimiento económico y el desarrollo de las poblaciones asentadas en donde existen proyectos mineros. Analicemos.
La relación entre la minería y el desarrollo ha sido poco abordada en términos técnicos y mucho en términos políticos e ideológicos. En los últimos meses, dada la coyuntura política, el tema ha estado sobre el tapete; sin embargo, los argumentos esgrimidos, desde ambos frentes, carecen de asertividad.
Luego de los sucesos desencadenados en Puno, se ha venido enfatizando que los departamentos “mineros” son aquellos que a su vez son los más pobres del país. No vamos a objetar esto, pues si consideramos la incidencia de la pobreza a partir de un 40%, vemos en la lista a Huancavelica, Cajamarca, Pasco, Puno, etc., es decir departamentos ricos en minerales y con importante explotación minera a través de décadas.
Sin embargo, al menos dos cosas se pueden mencionar de la relación existente entre minería y pobreza. Primero, que las razones de la pobreza a nivel departamental son difícilmente atribuibles a la presencia de una u otra actividad económica; quizás su ausencia sería un argumento más serio de analizar en ese sentido. Un segundo punto que se desprende de la relación minería y pobreza (y que se viene obviando, asumo por desconocimiento), es que si hacemos el mismo ejercicio, pero a nivel distrital, encontramos que los distritos “mineros” son menos pobres en promedio que los distritos “no mineros”. Y aunque a una escala menor (distrital), es más probable que la causalidad sea válida, no nos atrevemos a afirmar que la minería es el factor de reducción de la pobreza en aquellos distritos en donde opera, así como, menos aún, diríamos que la pobreza en los departamentos se debe a la presencia de esta actividad económica. Ello requiere de estudios más profundos y de evaluaciones de impacto serias que determinen con cercanía a la realidad lo que efectivamente acontece cuando hay proyectos mineros en determinada zona.
En este contexto, plantear un impuesto a las sobreganancias requiere de un análisis técnico de sintonía fina, considerando que hay muchas aristas por revisar antes que el Poder Ejecutivo o el Legislativo establezca su imposición.
Menciono sólo algunas de las preguntas que, a mi juicio, se deben tomar en cuenta antes de decidir qué hacer: ¿se ha hecho un análisis (o se tiene alguna idea al menos) de lo que acontecerá en los próximos 5 años con los precios y la demanda de los principales metales que exportamos?, ¿se ha hecho algún análisis de lo que sucedería con la inversión minera de implementarse dicho impuesto (considerando no sólo la inversión en nuevos proyectos sino también la inversión social que traería consigo)?, ¿se ha revisado o discutido a dónde irían y cómo se distribuirían los ingresos provenientes de la minería?, ¿lo manejarán como hasta ahora (de manera ineficiente y con poca capacidad de gasto) los gobiernos regionales?, ¿lo manejarían las propias mineras como en el caso del Aporte Voluntario (sin mucha diferencia en la eficiencia con respecto a los GORE)?, ¿será dinero que se perderá en ese agujero negro que es el Tesoro Público?, ¿se ha pensado en alguna institucionalidad especial para el manejo de los fondos provenientes de la minería?, ¿se mantendrá la actual distribución del canon o se distribuirá de una manera más inclusiva, es decir incorporando a aquellos lugares que no tienen minería?, ¿se ha discutido el rol que jugará o debería jugar la población asentada en las zonas mineras dentro del modelo a seguir?, ¿habrá un modelo a seguir?
Nos gustaría que el nuevo gobierno empiece con buen pie y haga un verdadero cambio no sólo de palabra sino con hechos, uno de los cuales debería ser el que las decisiones se tomen a partir de discusiones técnicas y democráticas, en las que participen directamente los diversos actores involucrados y no los autoproclamados representantes. Que la decisión de establecer un impuesto a las sobreganancias mineras se lleve a cabo si es la mejor alternativa económica y social frente a otras y no una imposición política por ofrecimiento de campaña, pero, igualmente, que la decisión de no implementar este impuesto sea por las mismas razones técnicas y no por presión de los gremios empresariales (de las que ya hubo muchas durante el gobierno saliente).
Publicado en La República 26-06-2011; pp. 13.
Como estudiante de Economía, el tema del impuesta a las llamadas “sobreganancias mineras” me llamó la atención incluso cuando sonó meses antes de empezar las campañas.
Hasta ahora me pregunto ¿Será un impuesto a la venta? De ser así el productor le transferiría parte del impuesto al comprador, por lo menos eso nos enseñan los modelos microeconómicos.
¿Será un impuesto a la explotación? Eso afectaría la tasa con la que descuentan el recurso y sólo afectaría la cantidad extraída (luego vendida), y no cambiaría mucho el panorama.
¿Será un aumento de impuesto a la renta? Eso es lo más dramático. Si yo y otros compinches mios fueramos los dueños de mineras, pues, no haría más inversión en minas, lo haría en financieras que sólo presten a NUESTRAS minas, así la mina se financia por pasivos y obtiene gastos financieros que reducen la utilidad y por consiguiente pagas menos IR, la utilidad que recibiriamos se translapa a la financiera que lo recibe como ingresos !PEEEEERRRRROOOO¡ la utilidad de la financiera solo paga 30% de IR, no el 40% de la minera, osea…. los mineros le sacaran la vuelta al impuesto a la sobreganancia.
Menuda galleta.
Es un tema que merece mayor discusión y debate. Por ahora te puedo decir que se trataría de un impuesto a las ganancias extraordinarias sobre la base de la utilidad tomando en cuenta la base del margen operativo.