Hace algunos días el Ministerio de Energía y Minas anunció que está en conversaciones con la sociedad nacional de minería, petróleo y energía (SNMPE) para la renovación hasta el 2015 del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), más conocido como Aporte Voluntario.
Si bien es importante, necesario y hasta una obligación que las empresas mineras continúen aportando recursos en favor del desarrollo local y regional, la manera en que se pretende dar continuidad a este esquema no es lo más aconsejable técnica ni políticamente.
Recordemos que el origen del PMSP fue un acuerdo entre el gobierno actual y la SNMPE en reemplazo de la alternativa que se barajaba fuertemente en ese entonces la del impuesto a las sobre-ganancias, dado el contexto del boom de precios internacionales de los metales. En términos de montos de inversión fue algo que perjudicó a las comunidades, ausentes para todo efecto de estas negociaciones, aunque un punto de partida que no se puede dejar de reconocer como un tibio avance en los aspectos sociales de un sector que estuvo casi siempre de espaldas a la realidad nacional.
El PMSP si bien se firmó a fines del 2006 tuvo su primer aporte el 2007 por lo que formalmente el quinto año se debería iniciar a mediados del 2011. Es por ello que el apuro de querer renovar el convenio suena a una nueva jugada política en la que una vez más no interviene el actor central, las comunidades.
Se está aun a tiempo de corregir este error político incorporando a los representantes de las comunidades en las negociaciones. Siendo ellos los beneficiarios directos su opinión es clave al momento de definir montos, porcentajes y la manera en que se manejarán los fondos. Lo propio debe pasar con los representantes de los gobiernos locales y regionales.
El proceso de desarrollo local y regional tiene necesariamente que ser participativo y el Aporte voluntario, o el nombre que se le quiera poner, no puede escapar a ello. La participación implica co-gestión y corresponsabilidad de los distintos actores involucrados, y es en este sentido que se debe plantear también la discusión del mejor esquema de funcionamiento del programa.
Si formalmente se está a un año del quinto aporte (recordemos que el acuerdo fue 2500 millones de soles en 5 años) ¿porqué el apuro a firmar una renovación del convenio?. Si es por tener algo firmado antes de las elecciones no resulta muy sólido, dado que el próximo gobierno puede replantear las cosas. Es decir, se debe buscar un proceso sostenible con un acuerdo de largo plazo que vaya más allá de los gobiernos de turno para lo cual se requiere de un acuerdo entre el Estado, las empresas mineras y los actores locales/regionales.
Nuestra sugerencia ha sido, y la reiteramos aquí, que el gobierno inicie un proceso de diálogo tripartito en donde se evalúen las distintas opciones técnicas a partir de lo acontecido en estos cuatro años de funcionamiento del programa. Una condición necesaria para iniciar las conversaciones es conocer cuál ha sido el impacto social y económico del PMSP a la fecha y cuál ha sido la eficiencia y eficacia del esquema empleado. Que se conozcan públicamente los resultados a la luz de lo cual se dé inicio a las discusiones y posteriores acuerdos. Hacerlo de otra manera es solo una mala jugada política, incorrecta técnicamente y no sostenible en el tiempo.
cdfa
Tres puntos que me parecen importante explorar y hacerle seguimiento:
- ¿Cuánto dinero se recaudó por el PMSP y cuánto se hubiese recaudado con el impuesto a la sobreganacias? Más importante aún, el uso de esos recursos en los próximo 5 años. ¿Se podría ampliar su uso a gasto corriente (medicinas, doctores, profesores, etc.) ya que la inversión necesita mantenimiento y operación?
- La participación de las comunidades. Sin negar esta posibilidad, el stakeholder “comunidades” es algo gaseoso, lo que puede generar el riesgo de que otros actores tomen su puesto. Pienso en muchas ONGs que se benefician con los proyectos locales que se ejecutan. Entonces, ¿qué formular usar para la participación de este stakeholder?: en la negociación del acuerdo, en la operación del programa o seguir limitándose a beneficiarios.
- El seguimiento a la negociación de un nuevo PMSP u otra variable. ¿Los medios están recogiendo este tema? ¿Los investigadores han presentado balances y estudios?
Felicitaciones por el blog y espero que sigas posteando por este tema.
Omar
Omar, con respecto a los puntos que indicas:
- Existen algunos cálculos realizados sobre lo posiblemente recaudado por impuestos a las sobreganancias, no obstante ninguno con la rigurosidad técnica del caso. Lo que si es cierto es que el monto hubiera sido mucho mayor al de los 500 millones de soles anuales del Aporte voluntario. Coincido contigo en que el uso de los recursos podría flexibilizarse en ciertos casos como el pago a maestros o médicos, ya que justamente una de las razones de porqué no se construyeron escuelas o centros hospitalarios fue que los sectores involucrados no contaban con partidas presupuestarias para abrir nuevas plazas.
- Las comunidades tienen sus juntas directivas. Por lo que son ellos quienes los deben representar frente a cualquier negociación con las empresas y frente al estado. No es tan gaseoso el tema como parece. Ahora, si bien son ellos quienes deben participar sin intermediarios (ONG u otros), si deberían contar con un buen asesoramiento técnico y legal como ocurre en otras partes del mundo, incluyendo los países que tienen inversiones mineras en el Perú. Se entiende que solo las comunidades del Área de influencia de los proyectos mineros deberían de participar en este proceso de negociación, al menos mientras la distribución de dichos recursos se de en esas zonas como sucede actualmente.
-Con respecto al seguimiento, hay reportes que hace el MINEM (www.minem.gob.pe), también hay reportes que hacen desde la sociedad civil, más bien desde ONG (http://www.propuestaciudadana.org.pe), y las empresas hacen lo suyo, en todos los casos hay un claro y hasta obvio sesgo.
Puedes leer un post (en dos partes) que escribí hace algunas semanas (http://metisgaia.wordpress.com/) con respecto al balance de la ejecución del PMSP.