SIN.CERO EN ECONOMÍA – El Blog de Carlos Figueroa

La lucha contra la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y en buena cuenta la búsqueda del desarrollo de los pueblos y su entorno es casi siempre etiquetado como asunto público, y por consiguiente de responsabilidad del Estado, aún cuando la sociedad civil organizada ha trabajado y contribuido tanto o más.

El trabajo de las ONG y las organizaciones sociales de base ha sido y será de gran ayuda y su aporte invalorable, salvo ciertas excepciones que nunca faltan. No obstante y a pesar de lo dicho, siempre enfatizan que “la responsabilidad recae en el Estado”. El tercer sector apoya, colabora y toma algunas iniciativas “porque el Estado no cumple su rol”. Y  hay razones objetivas para pensar así, desde la falta de recursos económicos hasta la inadecuada preparación de los funcionarios públicos, pasando por una casi siempre mal enfocada y fallida estrategia en materia social. Sin embargo, no compartimos el hecho de un apoyo o intervención social (venga de donde venga) que no asuma su responsabilidad cuando no se logran los objetivos.

Desde esta tribuna insistiremos en la idea de que mejorar las condiciones de vida de la población más necesitada es un objetivo nacional, en el que deben estar involucrados el Estado, la sociedad civil y hoy más que nunca las empresas privadas. De tal forma que una estrategia de ataque a la pobreza y exclusión social debe establecer objetivos y metas a partir de un trabajo y planificación conjunta y de cogestión entre estos tres sectores. En donde la población beneficiaria juegue un rol activo de participación plena desde el inicio del proceso, y pase de ser un simple objeto a ser considerado sujeto.

Es evidente que una estrategia participativa y de cogestión (y co-rresponsabilidades) es más compleja de elaborar e implementar porque hay muchos intereses en juego que no siempre apuntan al mismo lado, pero es parte de la democracia y hay maneras para hacerlo y mecanismos para instrumentalizarla. Lo importante es la decisión de llevarla a cabo, es necesaria la voluntad política del gobierno pero también la voluntad social de las organizaciones de base y la voluntad económica y social del sector privado que va más allá de su rol primigenio de generador de empleo e ingresos.

La estrategia general debería pasar de la clásica intervención sectorial y temática orientada a la entrega de productos (cada una por su cuenta y riesgo, y en donde no siempre la suma de los impactos llega a ser positiva en la población) a una de intervención territorial de carácter integral, poniendo énfasis en la potencialidad de la zona y las capacidades de su población, dirigida por una única instancia  a la cual se suman y contribuyen todos los demás.

Podemos discutir la mejor opción para esta entidad a cargo del Desarrollo, sus alcances, limitaciones, competencias, modalidad de gestión y financiamiento, etc, lo que está fuera de los objetivos de este artículo, más importante ahora es dejar sentada la idea del cambio de enfoque en la intervención social, a lo que podemos agregar que esta figura en cualquiera de sus formas sería un paso e impulso importante al proceso de descentralización del que mucho se habla pero poco se hace.

La suma de esfuerzos y recursos hacia un objetivo común en cada espacio de intervención facilitará y ordenará el trabajo del Gobierno central, regional y local, de las ONG y de las empresas privadas que inician o ejecutan ya una política de Responsabilidad Social. El reto está dado, pero esta vez la responsabilidad es de todos.