Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un reporte para el año 2011 de este blog.
Aqui es un extracto
La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog fue visto cerca de 36.000 veces en 2011. Si fuese un concierto en la Ópera, se necesitarían alrededor de 13 actuaciones agotadas para que toda esa gente lo viera.
El propósito de este artículo no es mostrar las bondades y ventajas que un proyecto minero de la envergadura de CONGA puede traer al país en términos económicos y de mejora en las condiciones de vida de la población de su área de influencia. Lo que pretendemos es dar algunas salidas al problema suscitado acerca de su puesta en marcha o no.
Es necesario decir que el Proyecto Minero CONGA cumplió con todo lo que las leyes peruanas exigían en materia ambiental y social, traducido finalmente en la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En ese sentido no tendría porque revisarse o reevaluarse el EIA que presentó y se aprobó, salvo que se hubiera detectado alguna irregularidad en el proceso, lo cual considero no es el caso.
Los más duros críticos de CONGA, que curiosamente han aparecido después de su aprobación, cuestionan no solo el hecho de determinados aspectos ambientales, sociales y económicos vinculados al agua, que podrían -por qué no- mejorarse, sino el hecho mismo de la actividad minera en Cajamarca, que ya son palabras mayores y que han sido respondidas por el propio presidente de la República con un CONGA SI VA.
Siendo objetivos debemos señalar que un proyecto vaya o no vaya no depende del estado de ánimo ni del presidente ni de algunos activistas anti mineros, sino de la viabilidad técnica y económica del proyecto, del cumplimiento de la normatividad vigente y de la licencia social que le da la población asentada en el área de influencia. Todo lo cual se resume y traduce en la elaboración y aprobación del EIA, que es donde a mi juicio está el centro del problema (una de cuyas manifestaciones es el actual conflicto social) no solo para CONGA sino para todos los demás proyectos mineros y de la industria extractiva que se vienen.
El gobierno entendiendo solo a medias la figura lo que está algo discutiendo y algo haciendo es pasar la pelota de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM al Organismo de evaluación y fiscalización ambiental del MINAM (OEFA) para que haga una re evaluación del EIA de CONGA, hay incluso una mesa de diálogo cuyo objetivo de la parte estatal es que acepten esa revisión. Y eso no es sino que un mismo examen sea revisados por dos profesores, uno podrá eventualmente ser más exigente que otro pero las preguntas son las mismas. Y justamente de lo que se trata es de mejorar significativamente ese cuestionario. En otras palabras, más allá de la discusión interna en el gobierno de quién debe evaluar los EIA, la discusión técnica pasa por el qué se debe evaluar, y sobre eso que habría mucho que decir no se pronuncian las autoridades respectivas.
La importancia de replantear lo que el Estado peruano exige a las empresas en los EIA tanto en lo ambiental como, muy especialmente, en lo social (incluyendo la puesta en práctica de la reciente Ley de consulta previa) es lo que debería ser materia de análisis y puesta sobre la mesa, ya que de ello dependerá qué proyectos van o no van. Por lo demás, la discusión actual en la mesa de diálogo al enfocar mal el problema es solo tribuna para ambos bandos y ocasión para medir fuerzas pero de manera improductiva y en el mejor de los casos con soluciones coyunturales.
Si revisamos los EIA, específicamente en los aspectos sociales, notaremos que los estudios elaborados (salvo honrosas excepciones) son bastante pobres técnicamente, carentes de una metodología sólida, con poco o ningún análisis y hecho con mucha ligereza, y ello obedece a que este documento se elabora realmente solo por cumplir con la Ley, que en este caso al ser bastante general, no muy clara y poco exigente, es “aprovechado” por quienes elaboran estos estudios que terminan además siendo aprobados en casi todos los casos. Y en esto último sí tiene que ver quién evalúa, pero no tanto por el tema institucional sino por las competencias técnicas que poseen (o no poseen) los evaluadores, que dicho sea de paso debe ser reforzada.
La propuesta que hacemos concretamente para CONGA es que en primer lugar el gobierno nombre una comisión de expertos para replantear las exigencias ambientales y sociales que debe tener un proyecto de explotación de la gran minería incluyendo el rol y participación de la población beneficiaria, traducido en el EIA. Definido ello, establecer, bajo este nuevo esquema, qué le falta a CONGA complementar en lo ambiental y social para su aprobación, de tal forma que ésta dependa de aspectos objetivos. Por la envergadura de la inversión no creo que la empresa se niegue a ello, aun cuando legalmente podría hacerlo, y esperemos que el Estado tampoco.
El camino hacia el desarrollo no se cuantifica, ni pasa únicamente, por la tendencia positiva o negativa de los indicadores macroeconómicos. Este hecho es, sin embargo, lo que ha definido el accionar de los últimos gobiernos, perdiendo de vista el nivel de vida que tiene, y debería tener, la población mayoritaria de nuestro país. En este terreno, la brecha sigue siendo negativa, convirtiendo al déficit social nuevamente en una prioridad para el gobierno entrante.
Reducción de la pobreza con casi ninguna mejora en la distribución del ingreso (o ensanchamiento de la brecha como en la sierra rural y toda la selva), no es una buena combinación ni señal de que avanzamos como país. Políticas de crecimiento económico sin una política social explícita de mayor equidad, y no de paliativo, es insuficiente. Si lo macroeconómico bastara no tendríamos estallidos sociales como los que venimos presenciando hace ya bastante tiempo; es claro que ni chorreó ni goteó el crecimiento hacia los más pobres y desposeídos del país y que ni el mercado ni el Estado han cumplido plenamente su rol.
No es redundante afirmar que el mercado tiene serias limitaciones para cumplir su rol distributivo en zonas alejadas de los centros económicos urbanos y que, por su parte, el Estado tiene serias limitaciones para cumplir este papel en las zonas rurales ¿Qué hacer entonces?.
Para empezar, el gobierno entrante requiere diseñar y aplicar una política económica y una política social que tengan objetivos y acciones comunes. Es necesario definir objetivos y metas estratégicas, por ejemplo, cuál será la distribución del ingreso en los próximos cinco años.
Respecto a la política social, debe diseñarse una. Si fuese así, sería la primera vez que un gobierno actué seriamente en este tema y no sólo sea la aplicación de uno o más programas sociales desvinculados, respecto a los cuales existan pocas probabilidades de generar impactos positivos. Y aquí, ni el Programa JUNTOS es la excepción.
La política social debe enfocarse en la población de mayor pobreza y de mayor exclusión social, me atrevería a decir que en este segundo grupo se encuentra el reto mayor. El primer grupo, de una u otra manera se puede reducir a través de un programa de transferencias directas condicionadas; sin perder de vista los riesgos que, en términos de sostenibilidad, esta aplicación ocasionaría. El segundo grupo, , el cual incorpora aspectos objetivos o de brechas tangibles y un componente subjetivo (cómo asimila determinado grupo poblacional el ser o estar excluido), se convierte en un reto de mayor envergadura hasta ahora no abordado por ningún gobierno (a pesar de que no existe político que no incorpore en su discurso la inclusión social como bandera).
La política social debe, además, ser participativa. Esto quiere decir que existe la necesidad de convertir a la población beneficiaria en un actor de su desarrollo y no en un sujeto pasivo atento a la caridad del Estado o de alguna empresa privada. Su participación activa en el diseño, monitoreo y evaluación de los proyectos o acciones en su favor es completamente necesaria, las decisiones tienen que darse en consulta y con la participación de ellos. De manera que se les incorpore e incluya al proceso, se les empodere, con lo cual se ingresa a un proceso donde la cogestión y la corresponsabilidad se abren paso frente a políticas asistencialistas o clientelistas que debemos desterrar.
Finalmente, a los objetivos y metas concretas y al carácter participativo que debe tener la política social, debemos añadir que no hay política social exitosa que se lleve a cabo de modo disgregado es decir, se debe generar, necesariamente, un trinomio entre el Estado, la población y el sector privado, donde los roles, funciones y la institucionalidad operativa deben estar claramente definidos en las diversas instancias, desde el nivel nacional hasta el local. Trabajo por delante hay, empecemos de una vez.
Nota: Publicado en La República el 11 de octubre 2011.
Mucha tinta está fluyendo sobre el tema de las sobreganancias mineras. De manera general, se pueden disgregar las opiniones vertidas en dos grupos: los que señalan que no se debe dar y aquellos que consideran que es imprescindible. Lo paradójico es que en ambos casos acuden al argumento de que ello (el que se dé o no) es por el bien del país, del crecimiento económico y el desarrollo de las poblaciones asentadas en donde existen proyectos mineros. Analicemos.
La relación entre la minería y el desarrollo ha sido poco abordada en términos técnicos y mucho en términos políticos e ideológicos. En los últimos meses, dada la coyuntura política, el tema ha estado sobre el tapete; sin embargo, los argumentos esgrimidos, desde ambos frentes, carecen de asertividad.
Luego de los sucesos desencadenados en Puno, se ha venido enfatizando que los departamentos “mineros” son aquellos que a su vez son los más pobres del país. No vamos a objetar esto, pues si consideramos la incidencia de la pobreza a partir de un 40%, vemos en la lista a Huancavelica, Cajamarca, Pasco, Puno, etc., es decir departamentos ricos en minerales y con importante explotación minera a través de décadas.
Sin embargo, al menos dos cosas se pueden mencionar de la relación existente entre minería y pobreza. Primero, que las razones de la pobreza a nivel departamental son difícilmente atribuibles a la presencia de una u otra actividad económica; quizás su ausencia sería un argumento más serio de analizar en ese sentido. Un segundo punto que se desprende de la relación minería y pobreza (y que se viene obviando, asumo por desconocimiento), es que si hacemos el mismo ejercicio, pero a nivel distrital, encontramos que los distritos “mineros” son menos pobres en promedio que los distritos “no mineros”. Y aunque a una escala menor (distrital), es más probable que la causalidad sea válida, no nos atrevemos a afirmar que la minería es el factor de reducción de la pobreza en aquellos distritos en donde opera, así como, menos aún, diríamos que la pobreza en los departamentos se debe a la presencia de esta actividad económica. Ello requiere de estudios más profundos y de evaluaciones de impacto serias que determinen con cercanía a la realidad lo que efectivamente acontece cuando hay proyectos mineros en determinada zona.
En este contexto, plantear un impuesto a las sobreganancias requiere de un análisis técnico de sintonía fina, considerando que hay muchas aristas por revisar antes que el Poder Ejecutivo o el Legislativo establezca su imposición.
Menciono sólo algunas de las preguntas que, a mi juicio, se deben tomar en cuenta antes de decidir qué hacer: ¿se ha hecho un análisis (o se tiene alguna idea al menos) de lo que acontecerá en los próximos 5 años con los precios y la demanda de los principales metales que exportamos?, ¿se ha hecho algún análisis de lo que sucedería con la inversión minera de implementarse dicho impuesto (considerando no sólo la inversión en nuevos proyectos sino también la inversión social que traería consigo)?, ¿se ha revisado o discutido a dónde irían y cómo se distribuirían los ingresos provenientes de la minería?, ¿lo manejarán como hasta ahora (de manera ineficiente y con poca capacidad de gasto) los gobiernos regionales?, ¿lo manejarían las propias mineras como en el caso del Aporte Voluntario (sin mucha diferencia en la eficiencia con respecto a los GORE)?, ¿será dinero que se perderá en ese agujero negro que es el Tesoro Público?, ¿se ha pensado en alguna institucionalidad especial para el manejo de los fondos provenientes de la minería?, ¿se mantendrá la actual distribución del canon o se distribuirá de una manera más inclusiva, es decir incorporando a aquellos lugares que no tienen minería?, ¿se ha discutido el rol que jugará o debería jugar la población asentada en las zonas mineras dentro del modelo a seguir?, ¿habrá un modelo a seguir?
Nos gustaría que el nuevo gobierno empiece con buen pie y haga un verdadero cambio no sólo de palabra sino con hechos, uno de los cuales debería ser el que las decisiones se tomen a partir de discusiones técnicas y democráticas, en las que participen directamente los diversos actores involucrados y no los autoproclamados representantes. Que la decisión de establecer un impuesto a las sobreganancias mineras se lleve a cabo si es la mejor alternativa económica y social frente a otras y no una imposición política por ofrecimiento de campaña, pero, igualmente, que la decisión de no implementar este impuesto sea por las mismas razones técnicas y no por presión de los gremios empresariales (de las que ya hubo muchas durante el gobierno saliente).
Publicado en La República 26-06-2011; pp. 13.
Las frases, ideas fuerza, slogans, o como lo denominemos, abundan durante las campañas electorales. Sin embargo, una de ellas, se usa hoy más que nunca y es la de El Perú Avanza. Para demostrar ello se han presentado innumerables spots televisivos, radiales y en medios escritos, gastando, de esa manera, ingentes cantidades de dinero con recursos de todos los peruanos.
Lo que haremos es, a partir de las cifras oficiales, ver que tan cierto es lo que aquella frase afirma, en temas vitales como son la pobreza extrema (P.E) y la distribución del ingreso (D.Y), variables claves y sensibles para la población al momento de conocer que tan bien están funcionando el modelo y la política económica aplicada en los últimos años.
Perú: 2004 – 2009
Var % P.E Var % D.Y
Total Nacional -32.70% -2.04%
Total Urbano -56.90% -4.44%
Total Rural -24.40% 2.50%
Lima Metrop. -84.60% 0.00%
Costa Urbana -58.90% -2.50%
Costa Rural -33.30% -5.13%
Sierra Urbana -50.00% -2.27%
Sierra Rural -24.60% 2.56%
Selva Urbana -52.90% 7.50%
Selva Rural -21.70% 10.81%
Fuente INEI: Informe Técnico 2010
El cuadro anterior, presenta, a nivel geográfico, la variación acumulada del 2004 al 2009 de la pobreza extrema y de la distribución del ingreso. La prédica utilizada ha sido que el modelo económico actual había sido exitoso en reducir la pobreza a cifras nunca antes logradas y que por ello la población más pobre se había beneficiado. Sin embargo, limitarse a revisar variaciones de pobreza no basta para afirmar que la población en la cual se dio ese efecto va a estar necesariamente mejor.
Vayamos por partes, si vemos sólo las cifras de pobreza observamos, claramente, una tremenda heterogeneidad en su reducción. Son las zonas urbanas donde esta reducción ha alcanzado mayores niveles, y aquí se presenta un primer problema del modelo, pues la brecha urbano / rural se agrava. Ello es válido al momento de comparar la costa frente a la sierra y selva como al interior de cada una de estas regiones.
Por otro lado, si acompañamos lo señalado en la variable pobreza con la observación de lo acontecido en la distribución del ingreso, es decir en “cómo se reparte la torta” (en el buen sentido de la palabra), encontramos más problemas en el modelo. Para empezar, llama la atención que Lima Metropolitana, zona en la que hubo reducción de la pobreza extrema en un 84% en el período analizado, tenga una mejora en la distribución del ingreso de cero, lo cual implica que el crecimiento económico que habría generado la reducción de la pobreza (siguiendo la causalidad y lógica detrás del modelo en cuestión), no favoreció a ningún grupo en particular, lo que podría sugerir que en el caso de Lima Metropolitana, y siendo positivos, todos los estratos socioeconómicos se favorecieron por igual. Lo que de por si marca una pauta en la política aplicada.
Ahora bien, favorecerse por igual no es malo siempre y cuando todos los grupos estuvieran en las mismas condiciones de partida, lo cual, evidentemente, no es el caso peruano, donde las brechas socioeconómicas existen y se siguen ensanchando.
Asimismo, en la costa (urbano y rural) y en la sierra urbana, sin considerar Lima Metropolitana, es donde reducciones importantes de la pobreza se ven acompañadas de mejora (aunque incipiente) en la distribución del ingreso. Si bien estos escenarios son los ideales en el modelo, lamentablemente no podemos generalizarlos. El caso de la sierra rural y de toda la selva muestra, por el contrario, que allí la reducción de la pobreza vino acompañada de una peor situación para los más pobres, es decir, de nada valió que se redujera la pobreza en términos absolutos si en términos relativos (en relación a los que más tienen) su situación ha empeorado. El caso de la selva rural es alarmante, pues no es solo en donde menos reducción de pobreza hubo en el período, sino también en donde más se ensanchó la brecha entre los que más y menos tienen.
En resumen, el periodo 2004-2009 muestra con claridad lo que viene aconteciendo en el país. El actual modelo económico trae consigo la agudización de las brechas entre la costa y las demás regiones naturales y entre las áreas urbanas y rurales al interior de aquellas.
El caso de la selva rural es un claro ejemplo de lo que no debería ocurrir, ello nos lleva a la necesidad de reiterar que la pobreza no es la única meta a tomar en cuenta si de estabilidad social (y económica) se refiere, el ensanchamiento de las brechas socioeconómicas y la desidia para enfrentarlas desde el Estado, son tan o más imporantes. Apostemos por una política económica de crecimiento pro pobre y con metas y acciones concretas de redistribución del ingreso. Más de lo mismo sería simplemente inmoral.
